Esta formación recuerda que la OMC permite la utilización de licencias obligatorias para fabricar genéricos sin el consentimiento del titular de la patente
Los pacientes afectados por la infección del virus de la Hepatitis C llevan meses exigiendo al Gobierno la financiación de un fármaco de reciente comercialización (Sofosbuvir), que se ha demostrado extraordinariamente eficaz en la erradicación de esta enfermedad. El problema radica en que la multinacional que lo comercializa, la empresa farmacéutica Gilead, ha impuesto un precio abusivo por cada tratamiento: 60.000 euros. El Ministerio de Sanidad ha decidido no financiarlo a ese precio y está negociando con el laboratorio, sin obtener grandes resultados. Lo peor de esta historia es que desde que la Agencia Europea de Medicamentos aprobó el Sofosbuvir, más de 4.000 pacientes han fallecido, aunque se habrían podido beneficiar de su uso.
Desde Izquierda Unida-Verdes entendemos que el Gobierno no ha hecho lo suficiente para garantizar un tratamiento para todos los afectados pues, aunque aduce problemas de financiación, no ha hecho uso de las herramientas que están a su alcance y que pueden permitir abaratar el precio del medicamento y garantizar el derecho a la asistencia sanitaria y a la vida de estas personas. El acuerdo sobre la propiedad intelectual de la Organización Mundial de Comercio (Acuerdo ADPIC) permite la utilización de licencias obligatorias, es decir, otorga permisos para que un gobierno pueda producir un producto patentado o utilizar un procedimiento patentado sin el consentimiento del titular de la patente. Es decir, el Gobierno podría autorizar la producción de genéricos basados en la patente de Sofosbuvir con el fin de dar el tratamiento a un precio justo a las personas afectadas por Hepatitis C.
Es más, en casos como el que nos ocupa, de auténtica emergencia sanitaria y de prácticas empresariales anticompetitivas, el Gobierno no está obligado a intentar negociar una rebaja de precio con el propietario de la patente de manera previa a la autorización de la licencia obligatoria, sino que puede imponer directamente el precio que considere oportuno. La única limitación, que no forma parte del acuerdo ADPIC (modificado en 2003), es la decisión voluntaria de algunos países desarrollados, entre los que se encuentra España, de renunciar a la importación de genéricos producidos bajo licencia obligatoria en terceros países, herramienta que sería útil en caso de que no existiera capacidad técnica para la producción del medicamento genérico en el propio territorio nacional.
Por todo esto, desde Izquierda Unida-Verdes instamos al Gobierno de España a que considere como emergencia sanitaria la situación de los afectados por Hepatitis C y que tache de anticompetitiva y monopolística la actuación de la empresa Gilead. A su vez, les exigimos que realicen los trámites necesarios para la emisión de licencia obligatoria de Sofosbuvir, autorizando el abastecimiento del mercado interno de ese producto mediante la fabricación de genéricos a un precio justo y sostenible.
Asimismo, llevamos esta propuesta al pleno para que se inste al Gobierno a retirar la decisión voluntaria de renuncia a la importación de genéricos producidos bajo licencia obligatoria en otros países. A su vez, vemos necesaria la implantación de una industria farmacéutica pública con capacidad para hacer frente a la demanda de medicamentos de los sistemas sanitarios públicos.
Por último, pedimos que este acuerdo se traslade al Ministerio de Sanidad y a los portavoces de los grupos parlamentarios en el Congreso. Igualmente, instamos al Gobierno de la Región de Murcia a sumarse a estas exigencias ante el gobierno central y a asumir su responsabilidad derivada de las competencias autonómicas en prestación de la asistencia sanitaria.
