Uno de los retos medioambientales del siglo XXI a los que nos enfrentamos como sociedad es la proliferación de la caza con fines lúdicos o económicos. El aumento descontrolado de esta práctica se deriva de la pérdida de biodiversidad, uno de los problemas más graves a los que está sometido nuestro medio natural. Así, resulta paradójico el hecho de que la caza agrava esta problemática al ser uno de los factores que inciden negativamente en la supervivencia de las distintas especies. Por lo tanto, esta actividad se erige en causa del problema y a la vez se utiliza como solución a los propios desequilibrios ecológicos causadas por la misma. Esta situación contradictoria es la que se está utilizando interesadamente a nivel nacional por la industria cinegética para perpetuar esta práctica perniciosa y no sostenible.
Según datos de Ecologistas en Acción, la actividad económica de la caza es desempeñada aproximadamente por unas 800.000 personas en España y el 80% del territorio nacional es utilizado para la misma. En este sentido, dicha organización ecologista ha calculado que anualmente mueren en España más de 25 millones de animales. Asimismo, la caza produce la muerte de multitud de animales por la modificación de los hábitats causada por su práctica.
Además, la actividad cinegética en propiedades públicas tiene una afectación sobre los derechos constitucionales de las personas no cazadoras debido a su carácter privativo. Así, el artículo 45.1 de la Constitución establece: “Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo”. También, la caza constituye un límite sobre el derecho a la libertad de tránsito, ya que la utilización de armas de fuego en terrenos de titularidad pública constituye un elemento que impide el paso y por lo tanto el disfrute del derecho. Esta circunstancia afecta negativamente a otras actividades que sí son mucho más sostenibles como pueden ser el turismo de naturaleza o la práctica deportiva. Por ello, todas estas circunstancias aconsejan una racionalización de la caza y una contención de su expansión.
En Yecla se puede cazar prácticamente en todo el término municipal
En el término municipal de Yecla la superficie de cotos de caza era de más de 38.000 hectáreas en el año 2007, actualmente la superficie debe ser similar debido a que no han existido modificaciones sustanciales. Así, prácticamente la totalidad de la superficie forestal de nuestra localidad está dedicada a la actividad cinegética. En este sentido, si simplificamos estos datos, podemos observar que se puede cazar en dos terceras partes de nuestro municipio y que el territorio libre de caza se corresponde a los núcleos de población, vías de comunicación, viviendas particulares, etc. Muchos de esos terrenos cinegéticos son de titularidad municipal. De esta forma, son significativas las concesiones públicas de aprovechamiento cinegético realizadas por este Ayuntamiento de los montes comunales. Entre ellos podemos encontrar Algezares, Castillarejos, Lomas y medianiles de las Gateras, el Serral, etc. Sin embargo, Yecla no tiene ni una sola hectárea protegida de la caza por la vía de la declaración de reservas de fauna, ni pública ni privada. En la actualidad, el único espacio natural donde no se caza es en el Arabí, que aunque está declarado como coto no se permite la actividad cinegética, solo se realizan batidas excepcionales con motivaciones medioambientales.
Por todo ello, parece oportuno el estudio de las características de los espacios naturales de titularidad municipal con el propósito de crear reservas de fauna que mejoren la biodiversidad en nuestro término municipal. Asimismo, el Ayuntamiento estaría en disposición de prever qué montes comunales no renovarían las concesiones de aprovechamiento cinegético conforme vayan agotándose y con ello poder impulsar estas reservas. Así, la creación de estos espacios redundará en la mejora de nuestro medio ambiente y en un mejor disfrute social, deportivo y turístico de los espacios naturales públicos de Yecla.
Acuerdos que desde IU-Verdes hemos presentado para su aprobación en el Ayuntamiento de Yecla
PRIMERO. Que los servicios técnicos del Ayuntamiento de Yecla realicen los estudios pertinentes para conocer qué espacios naturales de titularidad pública municipal son más adecuados para su declaración como reservas de fauna.
SEGUNDO. Que se pongan en marcha mecanismos de participación ciudadana para que las propuestas de declaración tengan en cuenta los estudios y la opinión de las asociaciones involucradas en la conservación del medio ambiente.
TERCERO. Que posteriormente se impulsen ante la Comunidad Autónoma los expedientes de declaración de reserva de fauna de los espacios naturales más adecuados según los resultados de los informes previstos en los puntos anteriores.
