El pasado 15 de febrero fue aprobado el Acuerdo Integral sobre Economía y Comercio con Canadá (CETA). Esta aprobación supone la puesta en marcha del tratado de forma provisional, ya que deberá de ser ratificado por los parlamentos de los estados miembros de la UE.
El proceso de negociación del mismo comenzó en 2009 y culminó en 2014, las negociaciones se llevaron a cabo a puerta cerrada y el texto quedó cerrado y listo sin ningún debate público. Los parlamentos solo podrán decir sí o no sin posibilidad de presentar propuestas, enmiendas de modificación, lo cual es antidemocrático.
El CETA se disfraza de acuerdo tarifario para eliminar aranceles, que ya son mínimos entre Canadá y la UE, en realidad supone una reconfiguración de todo un conjunto de normas de tipo social, jurídico, laboral y medioambiental que regulan la actividad empresarial, el objetivo es facilitar el enriquecimiento privado de las empresas con sede en la UE y Canadá. Para ello se van a modificar y relajar todos los tipos de regulación que, para mejorar la calidad de vida de la mayoría, pone límites a la libre actuación de la empresa, así se abren las puertas a la reducción de derechos laborales, estándares sanitarios, medioambientales, etc.
El objetivo es un proyecto político y económico que pretende cambiar las normas, las regulaciones a favor de las grandes empresas transnacionales y en detrimento de los derechos y el bienestar de las personas a través de fórmulas como la Convergencia Reguladora (reducir al mínimo las diferencias entre las normativas a ambos lados del Atlántico, siempre a la baja).
Los acuerdos del CETA suponen, como ya ha demostrado la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo, un grave impacto para los países en desarrollo.
Este tratado afectará a temas de vital importancia como:
- Agricultura/ ganadería, los agricultores de toda la UE deberán competir con el modelo de agricultura extensiva de Canadá, donde hay enormes granjas y estándares de seguridad mucho más laxos que los europeos; zonas como la Región de Murcia se verán gravemente afectadas. Productos tratados con pesticidas prohibidos por la UE serán importados, así como, alimentos transgénicos, colorantes alimentarios prohibidos, carnes cloradas, etc. la seguridad alimentaria se pondrá en peligro por la supresión de las diferencias normativas entre la UE y Canadá.
- Derechos laborales, las protecciones laborales del CETA son bastante pobres, no existe ninguna sanción si los países de la UE, Canadá o las compañías operando en los mismos violan los derechos de las/los trabajadores, la única consecuencia será un proceso no vinculante de discusiones y recomendaciones. Esto podrá tener graves consecuencias y dañar seriamente los derechos ganados con tanto esfuerzo por las/los trabajadores y sindicatos.
- Medioambiente, tampoco en cuestiones medioambientales quedan contempladas sanciones económicas o financieras si hubiese violación de la legislación vigente, es más, muchos puntos de este acuerdo harían todavía más difícil la lucha contra el cambio climático, las liberalizaciones del CETA en el sector agrícola y la escasa protección expandirá el modelo de agroindustria que está destruyendo el planeta. También el Principio de Precaución se verá afectado en este tratado mermando su efectividad y validez.
- Servicios Públicos, el CETA restringe el margen de maniobra de los municipios y apoya la privatización de los Servicios Públicos. Este tratado obliga a los municipios a escoger en las licitaciones públicas siempre la oferta económicamente más ventajosa y prohíbe requisitos de calidad y condiciones para fomentar desarrollos locales. Dificulta la remunicipalización de Servicios Públicos privatizados, ya que, las empresas que gestionan dichos servicios pueden demandar a los gobiernos nacionales, autonómicos o a los ayuntamientos por sumas millonarias si estos intentan volver a gestionarlos públicamente.
- Tribunales de inversión, tal vez este sea el apartado más peligroso de todos los que nos presenta el CETA, estos tribunales representan un sistema judicial paralelo y privado, donde los litigios serán decididos por un tribunal con tres árbitros que cobrarán 3000 dólares al día. Es un sistema unilateral en el que únicamente los inversores pueden presentar demandas contra los países ante estos tribunales y exigirles una indemnización por adoptar salvaguardas en materias de salud, medio ambiente, finanzas u otras medidas internas que, en opinión de estas empresas, socaven sus derechos. Estos tribunales pueden impedir que los Gobiernos actúen en el interés público, tanto de forma directa, cuando una gran empresa demanda a un Estado, como indirecta, al provocar que no se adopten determinadas leyes por miedo a ocasionar una demanda.
En lugar de mantener los estándares sociales, medioambientales y de salud, el CETA presenta un riesgo real de degradación de los mismos. Representa una pesada carga adicional para los reguladores y refuerza el papel de los lobbies empresariales en el desarrollo de normativas, perjudicando potencialmente no sólo el desarrollo de las mismas sino también nuestras democracias.
Aunque el CETA haya sido aprobado en la Eurocámara, es ahora el momento de los parlamentos estatales de bloquear su proceso de ratificación. No podemos permitir que un tratado de comercio e inversiones gobierne sobre nuestras normas sociales, ambientales o laborales. Ahora más que nunca urge la organización social para hacer frente un modelo de globalización fracasado, que únicamente aumenta las brechas de la desigualdad y acelera el cambio climático, degradando todavía más nuestras condiciones de vida.
Debemos actuar con la mayor celeridad posible si queremos evitar las consecuencias más drásticas del neoliberalismo más duro que representa estos tratados a la ciudadanía de los países firmantes.
Por eso, desde Izquierda Unida-Verdes de Yecla queremos el pleno del Ayuntamiento exprese su rechazo al CETA y a todo recorte de derechos y libertades fruto de este acuerdo. Asimismo, pedimos que se realicen campañas de información, en las cuales se dé a conocer a la población cuáles son las prácticas que va a llevar a cabo este acuerdo de libre comercio y los efectos y consecuencias que tendrán en la ciudadanía. Creemos vital que se inste al gobierno para que la ratificación del CETA sea mediante referéndum y que nos unamos a otros municipios que hayan adoptado resoluciones similares y articular un plan conjunto de movilización.
