El pasado viernes, el Ayuntamiento de Yecla celebró un pleno extraordinario para votar una operación de tesorería planteada por el Equipo de Gobierno. Esta operación asciende a 3,5 millones de euros y se va a solicitar al Banco Santander. Por desgracia, esta situación no es nueva. Hace un año, ya suscribimos otra por la misma cantidad. Y como ya argumentamos entonces, no vemos lógico que para cancelar la operación anterior tengamos que suscribir otra por el mismo montante. Lógicamente, este dinero prestado se devuelve a interés que, por muy bajo que sea, no puede esconder los problemas de liquidez de nuestro consistorio.
Desde IU-Verdes votamos a favor por responsabilidad política, pues sin este dinero el Ayuntamiento se quedaría sin liquidez y no podría pagar a los proveedores, que no tienen culpa de nada. Pero para entender esta situación hay que ir a la raíz del problema: no existe una ley de financiación acorde a las necesidades económicas de los ayuntamientos.
La ley de financiación actual nos deja en manos de las entidades financieras para poder sufragar los gastos del día a día en nuestro ayuntamiento. Es cierto que la ley nos permite incluso endeudarnos en más cantidad, pero es responsabilidad de la gestión como gobierno local, actuar para evitar los problemas de liquidez o dicho de otra forma para afrontar la deuda a corto plazo.
Desde Izquierda Unida hemos denunciado la situación en que nos deja a las Corporaciones Locales la actual ley, que como dijimos el año pasado nos somete a un férreo control financiero sobre los gastos, inversiones y, en definitiva, de funcionamiento. Además, la actual ley de régimen local de Racionalización y Sostenibilidad nos quita competencias propias como ayuntamiento, en contraposición a lo que hemos defendido siempre, que las entidades locales tengamos más competencias y más gestión directa, al ser la institución más cercana al ciudadano.
Dicho esto, no podemos recordar una vez más que la puesta en marcha de ley de Racionalización y Sostenibilidad ha sido un desastre, pues competencias como Política Social o Educación pasaban a ser tuteladas por las comunidades autónomas. Sin embargo, siguen siendo los ayuntamientos y sus escasos recursos quienes tienen que hacer frente a estos gastos, tal y como reflejan los informes de intervención, ya que la comunidad no ha podido asumir las cuantías económicas por incapacidad financiera.
Esto nos lleva a la conclusión de que la mala financiación no recae solo en los ayuntamientos, sino también en las comunidades autónomas. De hecho, el coordinador regional de Izquierda Unida-Verdes ya manifestó su rechazo y defendió “un modelo de financiación con criterios de solidaridad entre las Comunidades Autónomas, que fortalezca la gestión y desarrollo de los servicios públicos fundamentales, incluido el derecho a la vivienda digna, y que a la vez garantice la participación de los ayuntamientos en el reparto de los fondos”.
En resumen, los cargos públicos de Izquierda Unida-Verdes, estemos en la oposición o en el gobierno, exigimos al ejecutivo central que garantice un debate conjunto sobre financiación autonómica y local que permita abordar la necesaria financiación local de un modo global y concertado entre gobierno central, autonómico y ayuntamientos.
Por tanto, desde el GM de Izquierda Unida-Verdes pedimos al Gobierno del Partido Popular que haga una mejor previsión ante el problema de liquidez de nuestro Ayuntamiento, el cual consideramos muy grave, pues se está alargando en el tiempo y podría presentarnos serios problemas de funcionamiento. Además, no tienen que encargarse solo de hacer una buena gestión, sino también de posicionarse políticamente a favor de una ley de financiación local más justa. Pues, ¿qué ocurriría si ninguna entidad financiera nos ofreciera esta operación de tesorería? ¿Pararíamos el ayuntamiento? La liquidez de nuestro consistorio no puede depender de los bancos.
