La modificación del artículo 135 de la Constitución, que pactaron PP y PSOE en 2011, vuelve a ser una losa para los presupuestos generales de la Región de Murcia en 2017. Una medida que frena las políticas públicas necesarias para salir del subdesarrollo al que nos ha llevado el Partido Popular. Este techo de gasto, lógicamente, afecta también a la inversión que recibe nuestra ciudad.
A la modificación del artículo 135 hay que sumar un segundo acuerdo, más reciente, que se sitúa en el contexto del apoyo que el PSOE está dando al PP desde la investidura de Rajoy como presidente y el desbloqueo del objetivo de déficit para las administraciones públicas, fijado definitivamente para el próximo año en el 0,6% del PIB. Una décima más de lo inicialmente previsto por el Gobierno del PP que, para IU-Verdes, en muy poco va a ayudar a paliar el tremendo desastre que la crisis económica y las políticas restrictivas de la economía han provocado en las políticas públicas sociales de todas las comunidades autónomas.
Por este motivo, la dirección de IU-Verdes en la Región de Murcia ha rechazado este objetivo de déficit, pues el techo de gasto y la regla de gasto no son más que recursos, aparentemente técnicos, que proponen un freno o límite al gasto de las administraciones públicas. En Yecla nos sumamos a ese rechazo, pues consideramos que esa cifra es totalmente insuficiente para compensar la pérdida continuada de recursos que han experimentado desde hace ya casi una década los servicios de salud, la educación pública en todos sus niveles y las prestaciones sociales en la Región de Murcia, azotada por las cifras más altas de pobreza del país.
Por nuestra parte, creemos que es vital dar un giro de 180 grados en la política de gasto autonómica. En una región como la nuestra, a la cola de todos los indicadores sociales, lo lógico sería diagnosticar y cuantificar las necesidades sociales, educativas, sanitarias, etc., y establecerlas como un «suelo de gasto» que habría de financiarse públicamente mediante una fiscalidad más progresiva que descanse en las grandes rentas y patrimonios y en el afloramiento de la evasión fiscal y la economía sumergida.
Se trata en definitiva de cambiar la lógica del «techo de gasto» -que comparten PSOE y PP, junto a Ciudadanos- por la lógica del «suelo del gasto», que determine una justa política fiscal y un sistema de financiación autonómica suficiente para garantizar los ingresos necesarios. Austeridad sí, pero para evitar redes clientelares y privatizaciones costosas. Y es que el déficit y la deuda regional son insostenibles con el actual sistema de financiación autonómica. Por ello, necesitamos una modificación urgente. Para conseguirlo solo hay una opción: incrementar los ingresos a través de una fiscalidad progresiva.
Actualmente, la deuda pública en Murcia se eleva hasta los 8.159 millones de euros, después de crecer 352 millones en el tercer trimestre de 2016. La deuda alcanza por tanto un 29% del PIB regional, situándose como la cuarta comunidad autónoma más endeudada en porcentaje de PIB, especialmente porque ha sufrido un aumento de 692 millones en el último año. Solo Castilla La Mancha, Cataluña y la Comunidad Valenciana tienen una deuda en porcentaje de PIB mayor que la de la Región de Murcia.
Desde Izquierda Unida-Verdes vemos, por tanto, fundamental aplicar un suelo de gasto en los presupuestos de 2017 que alcance, en el plazo de cinco años, la convergencia social con la media de la UE. Este suelo de gasto también se aplicará a las administraciones locales, por lo que Yecla saldría muy beneficiada. Mientras esta medida no se aplique y siga en vigor la propuesta neoliberal de PP, PSOE y Ciudadanos de aplicar el techo de gasto, los recortes y las desigualdades sociales seguirán a la orden del día, pues los presupuestos autonómicos seguirán lastrados por esta injusta medida. Para cambiar esta tendencia solo existe una solución: aumentar los ingresos a través de una fiscalidad progresiva que afecte a las rentas más altas y en una reducción de gasto que provenga de la mejor gestión de los servicios públicos y con la supresión de gastos onerosos como los destinados al aeropuerto fantasma de Corvera (avalado en 182 millones) o la desaladora de Escombreras, que costará más de 16 millones de euros en 2017.
