El pasado viernes, 30 de septiembre, a las 14:00 horas, se celebró un pleno extraordinario para someter a aprobación una nueva prórroga del contrato de concesión y explotación del servicio de agua potable. La vigencia del contrato del agua finalizaba ese mismo viernes, 30 de septiembre de 2016 y convocaron el pleno el día 27. La prórroga se ha propuesto por un plazo de cuatro años, hasta el día 30 de septiembre de 2020 e Izquierda Unida-Verdes de Yecla ha votado EN CONTRA. El resto de la oposición también votó en contra y solo el PP a favor.
Desde Izquierda Unida queremos poner de manifiesto la desidia, la falta de previsión y la mala voluntad del PP, cuando existiendo un plazo final, que era el día 30 de septiembre, ha convocado el pleno hace apenas dos días, a nuestro juicio tratando de evitar la participación y la intervención de los grupos municipales y también de los propios vecinos del Yecla, a los que no se ha dado ninguna oportunidad de expresar lo que piensan sobre un servicio que es básico y esencial, negándoles la participación ciudadana.
El contrato de concesión de abastecimiento de agua se remonta nada menos que a 1977 y se ha ido encadenando prórroga tras prórroga hasta esta último que se ha aprobado hoy. En total llevamos 39 años con el mismo contrato, y que es tan antiguo que se rige por una ley de 1955 que permite que las prórrogas puedan llegar hasta los 50 años.
La experiencia durante estos largos años de duración del contrato no ha sido ni mucho menos buena, ya que existen numerosas quejas de los vecinos: hay problemas con el suministro y claras deficiencias en el circuito de las conducciones que hacen que se pierdan muchos metros cúbicos de agua al año, un despilfarro que un pueblo como Yecla no se puede permitir.
En el propio informe técnico que aconseja que no es el momento de ejecutar un nuevo contrato, se da como razón la circunstancia de que la nueva empresa concesionaria tendría que acometer unas inversiones de varias decenas de millones de euros. Esto nos pone de manifiesto el mal estado de las infraestructuras actuales y que por lo tanto la actual empresa concesionaria no ha contribuido apenas a la creación y conservación de infraestructuras, y ello porque actúa buscando su propio beneficio empresarial y así vamos a conseguir pasar de la burbuja inmobiliaria a la burbuja del agua.
Izquierda Unida ha votado en contra porque creemos que hay que poner fin a esta situación y porque no se puede estar prorrogando un contrato que es ineficiente hasta llegar a los 50 años. Hay que buscar una solución alternativa y para nosotros esa solución es la remunicipalización: La gestión pública y directa de este servicio, partiendo de la base de que el agua no es una mercancía sino un derecho humano. La gestión pública es la más eficaz y la más económica y la única que garantiza que los intereses de los vecinos estén por encima de los intereses privados. El propio Tribunal de cuentas en su informe 1010, de fiscalización del sector público local, asegura que la gestión pública directa de los servicios básico como el agua, resulta más barato para el ciudadano que privatizarla. Y tenemos el ejemplo emblemático de remunicipalización del servicio de aguas, como el de la ciudad de París que recuperó la gestión de este servicio en el año 2010, y en su primer año de actividad, la empresa municipal de aguas recortó la factura del agua de la capital francesa en unos 35 millones de euros, lo que permitió bajar las tarifas en un 8%.
