La grave crisis económica y financiera provocada por el estallido de la burbuja inmobiliaria y las malas prácticas del sistema bancario, ha provocado que más de cinco millones de personas estén en desempleo y que otros tantos millones se encuentren en un acelerado y complejo proceso de precarización y exclusión social. Como resultado de esta crisis y de los múltiples recortes en sanidad, educación, ayudas a la investigación o a la dependencia, ha obligado también a millones de españoles a abandonar nuestro país, convirtiendo a España de nuevo en un país de emigrantes. En la actualidad, hay más de dos millones de españoles y españolas que se encuentran viviendo en el extranjero. Asimismo, y desde el punto de vista financiero, la migración con sus remesas mueve un total de 1.591 millones de euros, que además están contribuyendo a paliar la situación de sus familiares y a mejorar los datos económicos del país.
Sin embargo, y a pesar de la importancia que tienen estos españoles para impulsar la economía nacional, tienen muy difícil ejercer su derecho al voto, pues para poder llevarlo a cabo deben rogarlo, pedirlo, pues así lo determina la reforma electoral impulsada por el PSOE en 2011 y que contó con el apoyo del Partido Popular, PNV y CiU. Esta reforma, en definitiva, tiene como objetivo burocratizar y obstaculizar el libre y sagrado ejercicio del voto a quien se encuentra fuera del país.
Las dificultades para rogar el voto son constantes desde que se produjo esta reforma. Los nacionales residentes en el extranjero tienen que inscribirse en el consulado del lugar de residencia y además hacer público y manifiesto su deseo de votar. Esto debe hacerse siempre que haya elecciones, con el tiempo que conlleva viajar hacia el consulado más cercano, que en muchas ocasiones está a varias horas de viaje. Una vez hecho esto, la delegación provincial de la oficina del censo electoral envía a la dirección del elector las papeletas y el sobre de votación. Por último, la persona migrada debe acudir a la oficina o sección consular en que esté inscrita para ejercer su derecho al voto.
Pero este proceso no es nada fácil. Primero, muchas personas residentes en el extranjero se quejan de que sus papeletas nunca llegaron, razón por la cual no pudieron presentarse a votar en el consulado, a pesar de haber recorrido los cientos de kilómetros que, en muchas ocasiones, separan su ciudad de residencia del consulado más cercano. Y en ocasiones, cuando pueden ejercer su derecho, se encuentran con colas de más de cuatro o cinco horas en los consulados donde son citados para votar.
Todas estas trabas limitan tanto el derecho al voto de los migrantes que la abstención entre este colectivo se ha disparado. Se ha pasado de una media de votantes del 35% a rozar apenas el 6%. Por eso, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Verdes creemos que es fundamental una nueva ley electoral que sea capaz de garantizar el voto a los españoles y españolas residentes en el extranjero. Y creemos que en nuestro ayuntamiento no podemos obviar esta situación, pues es la institución más cercana a la ciudadanía y decenas de yeclanos y yeclanas se encuentran con este problema elección tras elección.
Por todo ello, creemos que el Pleno del Ayuntamiento debe manifestarse e instar al Gobierno de España y al Parlamento a derogar el procedimiento del voto rogado y a que creen una nueva ley electoral que facilite y garantice la igualdad de oportunidades a la población migrante. Esta ley debe contemplar la creación de una circunscripción especial electoral para la población migrante con el objeto de garantizar su representación y participación en las cortes y que posibilite el voto electrónico como medida ágil y garantista a la hora de ejercer el derecho al sufragio universal.
