prostitución francia
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Francia impulsa una ley para abolir la prostitución

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Desde el Área de Mujer de IU valoramos positivamente la aprobación en nuestro país vecino, Francia, de una Ley por la abolición de la prostitución, que reconoce la prostitución como una forma extrema de violencia de género, de dominación patriarcal y de atentado contra los Derechos Humanos de las mujeres, gracias al trabajo de concienciación de las organizaciones feministas francesas y de la izquierda política francesa.

El hecho de que un país europeo como Francia, aparte de algunos países nórdicos, apruebe una ley de estas características en las que se penaliza a los compradores de sexo, prohibiendo la compra de actos sexuales, es un avance fundamental en Europa de cara a conseguir la erradicación de esta forma de explotación y esclavismo sexual en pleno siglo XXI, en todos los países europeos.

No hay que olvidar que los países de Europa son el destino principal de las mujeres prostituidas, fundamentalmente mujeres, pobres, e inmigrantes. Esta Ley francesa es un reflejo de la lucha decidida, contra el  proxenetismo y la trata de personas, apostando por el reforzamiento de  derechos y recursos para las víctimas del proxenetismo y la trata.

Tras esta nueva ley, las prostitutas dejan de ser consideradas como delincuentes, acercándose a la condición de víctimas, en virtud de la ley sobre la lucha contra el sistema de prostitución, aprobada ayer por la Asamblea Nacional. Respecto a los clientes, se arriesgan a perder el anonimato y a ser penalizados con multas cuando recurran a una relación sexual sobre bases comerciales.

En su artículo 16, la ley establece multas de 1.500 euros para los clientes que “soliciten, acepten u obtengan relaciones sexuales a cambio de una remuneración”. En caso de reincidencia, la multa asciende a 3.750 euros e incluye la posibilidad de ser fichado. En caso de que la relación sexual-comercial sea con una o un menor de edad, o con una persona particularmente vulnerable en razón de embarazo o enfermedad, la multa asciende a 45.000 euros y el delito puede merecer hasta tres años de cárcel.

Esperamos que las políticas y las legislaciones abolicionistas se extiendan también a nuestro Estado y al resto de países.

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