Tras debatir las diferentes opciones, Izquierda Unida-Verdes ha decidido ausentarse de la celebración del aniversario de la Constitución por considerar que la Carta Magna es papel mojado. De hecho, Izquierda Unida, que se presenta a las próximas elecciones bajo la coalición de Unidad Popular, lo hace con la propuesta de escribir una nueva Constitución que incluiría el derecho al trabajo garantizado y una renta mínima. Asimismo, queremos que esta nueva Ley Fundamental consagre un Estado federal republicano y plurinacional. En este nuevo texto que proponemos, los derechos sociales —la educación, la sanidad, la dependencia o la vivienda— pasarían a estar “en el mayor nivel de protección jurídica, igualándose con derechos clásicos como son el derecho a la vida o la libertad de expresión.
Nuestra formación tiene claro que necesitamos un nuevo país. Una nueva Transición que impulse un nuevo texto constitucional que recoja todas las sensibilidades que actualmente existen en España. Aun así, queremos dejar claro por qué no creemos en la Constitución de 1978. No podemos olvidar que en 2011, el PP y el PSOE se unieron para reformar el artículo 135. Esta reforma apuntaló el proceso ‘destituyente’ y vació y desmanteló el Estado social. Por ende, en nuestra formación consideramos que no hay nada que celebrar, pues comprobamos como ambos partidos mayoritarios se empeñan constantemente en manejar la Constitución a su antojo.
Asimismo, no se cumple el derecho al trabajo recogido en la Constitución en su artículo 35, pues hay más de cuatro millones de personas en desempleo y tampoco el derecho a una vivienda digna (artículo 47), pues los desahucios continúan a la orden del día, a la vez que aumenta exponencialmente el número de personas que vive en la calle. Asimismo, tampoco se cumple el artículo que establece que la riqueza nacional debe estar subordinada del interés general y no de los especuladores (artículo 128). Ni los que defienden la sanidad y la educación públicas pues cada vez las familias tienen más dificultades para poder acceder a estos servicios básicos y universales. Además, con la abdicación del Rey se impuso la sucesión en la Corona sin ni siquiera consultar a la ciudadanía la forma política que deseaban.
Con su reforma de 2011 y los resultados que hoy se hacen patentes, queda demostrado que PP y PSOE vendieron la soberanía económica de nuestro país a los mercados y a los poderes financieros. Con esa modificación aprobada sin consenso alguno, estos dos partidos han incorporado la ideología liberal a la Constitución sin consultar al pueblo español. Por todo esto decidimos mantenernos al margen de este acto irrisorio, pues no comprendemos cómo se puede estar brindando por una Constitución que se está violando cada día, con lo que ello supone de vulneración de los derechos sociales y laborales de la mayoría de los ciudadanos.
Quienes sí tienen que celebrarla son los banqueros, los especuladores financieros y los grandes defraudadores. La celebran porque se modificó el artículo 135 para garantizar el pago de la deuda y los intereses; y se aprobó una amnistía fiscal para que los grandes defraudadores puedan incumplir el artículo 31. En conclusión, solo podemos añadir que el pacto constitucional de 1978 está roto.
No tenemos nada que festejar y esperamos que algún día podamos celebrar una Constitución que no esté hecha para la usura y la ambición de los banqueros sino para defender los derechos de los ciudadanos. Asimismo, con esta acción pretendemos que los ciudadanos entiendan quiénes son responsables de ese desmantelamiento social en cuanto a políticas de educación, sanidad y prestaciones sociales al poner en marcha una arquitectura institucional, tanto en España como en Europa, que ha permitido un proceso constituyente en el que se ha creado otro modelo de sociedad, donde los ricos se apropian del Estado y lo utilizan en su propio beneficio. El rescate a las autopistas y al sistema financiero, las indemnizaciones a empresas como Castor de Florentino Pérez o el enorme gasto militar no podrían entenderse sin tener en cuenta todo este proceso ‘destituyente’. En definitiva, España necesita una nueva Constitución más social, más ciudadana y consensuada, por ello debemos impulsarla entre todos y todas tras las elecciones del 20 de diciembre.
