Esta Proposición de Ley pretende acabar con gran parte de la autonomía de los ayuntamientos en beneficio de las diputaciones provinciales
El Gobierno nacional del Partido Popular está tramitando la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local con la que pretende cambiar las leyes que rigen el funcionamiento de los ayuntamientos. Esta reforma se realiza en base al dogma neoliberal -ya perpetrado en la reforma constitucional de protagonizada por PP y PSOE en 2011- y coloca el equilibro fiscal por encima de cualquier otra cosa.
El pasado 13 de octubre, los alcaldes y alcaldesas de todos los grupos políticos (a excepción de los del Partido Popular) mostraron en Madrid su rechazo frontal a este Proyecto de Ley. Asimismo, la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), también mostró su total desacuerdo con el texto. Esto indica claramente que el Partido Popular ha redactado esta propuesta legislativa a espaldas de todos los afectados, haciendo oídos sordos a sus demandas.
Para más inri, el PP intenta combatir el déficit público atacando a quienes menos deuda tienen, pues la deuda de los ayuntamientos solo representa al 4% del total de la deuda que acumulan las administraciones públicas. Además, han sido los consistorios quienes más han disminuido su nivel de endeudamiento desde que se iniciara la crisis, tanto que hasta 3.000 ayuntamientos de España tuvieron superávit en sus liquidaciones presupuestarias el pasado año, entre ellos el de Yecla.
Por tanto, ¿qué esconde esta reforma? Sin duda, afectará gravemente al funcionamiento y efectividad de los ayuntamientos, puesto que buena parte de su autonomía local se verá suprimida en beneficio de las diputaciones provinciales, administraciones que fueron creadas con la finalidad de asistir a los ayuntamientos para garantizar el cumplimiento de sus competencias. Si las competencias se asumen ahora por las diputaciones o por la comunidad, ¿dónde está el ahorro si es el mismo servicio? ¿O piensan quizá reducir los servicios?
Además, todos conocemos en Yecla de los incumplimientos y cargas que la Comunidad Autónoma tiene sobre Yecla. Con esta reforma, tendrá la responsabilidad de las competencias en exclusiva, aunque por cercanía se cumplen de forma mucho más eficaz por las administraciones locales. ¿Qué grado de ineficacia traerá que sea la Comunidad Autónoma quien gestione servicios básicos como la recogida y tratamiento de residuos sólidos, limpieza viaria, abastecimiento de agua potable, pavimentación de vías públicas…? ¿Y en prestaciones sociales fundamentales como el servicio de atención domiciliaria, la asistencia a menores, a personas con discapacidad, en la inclusión de inmigrantes…? Desde la lejanía de Murcia, estos servicios perderán sin duda en calidad y eventualmente dejarán de prestarse. En definitiva, ineficiencia y mayor coste para los ciudadanos.
Solo caben dos motivos: la finalidad de reducir las prestaciones sociales a los ciudadanos o el objetivo de privatizar esos servicios. Por todo esto, rechazamos esta reforma y proponemos al Pleno del Ayuntamiento a que muestre su rechazo conjunto a esta Proposición de Ley. Asimismo, proponemos al Pleno a que solicite al Gobierno de la nación que, a fin de evitar la intervención del Tribunal Constitucional, retire su proposición y elabore una nueva en base a los principios de consenso, contando para ello con la opinión de las administraciones locales, tanto de forma directa como a través de las comunidades autónomas.
Asimismo, pedimos al Pleno de Yecla a que inste al Gobierno a que trabaje la propuesta con la ciudadanía organizada a través de la CEAV y con otras organizaciones sociales, pues son imprescindibles a la hora de abordar una reforma de tal calado e importancia como la que se pretende. Por último, creemos conveniente que los acuerdos tomados en el Pleno de Yecla se eleven a los Grupos Parlamentarios en el Congreso y al Presidente del Gobierno.
