En 2013, la Comisión Europea recibió el mandato de los estados miembros de empezar a negociar con Estados Unidos el Tratado Transatlántico del Comercio y de la Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés), un acuerdo de libre comercio que tenía, supuestamente, el fin de incrementar el comercio entre la UE y Estados Unidos, reduciendo las barreras arancelarias, con objetivo de crear empleo y mejorar la competitividad.
Desde el primer día, conservadores y socialistas venden los supuestos beneficios económicos de este acuerdo, pero eluden los riesgos del TTIP. Unos riesgos que apenas se conocen puesto que la UE y EEUU negocian en secreto, ya que los 28 estados miembros firmaron un acuerdo para que la Comisión Europea pactara así este tratado con EEUU. Esta opacidad informativa está ofreciendo una oportunidad única a las grandes multinacionales y a los lobbies para influir en la opinión pública, dejando así fuera de la negociación a los estados y a los ciudadanos que se verán afectados por el acuerdo.
Este Tratado representa un serio peligro para la democracia y la debida protección de los derechos laborales, medioambientales y de salud, anteponiendo el interés comercial de los inversores y empresas transnacionales al interés general. La información es muy limitada y la práctica de implicar solamente a un número muy pequeño de agentes para seguir las negociaciones es fuertemente criticada por los municipios y las ciudades, ya que el resultado de dichas negociaciones tendrá implicaciones importantes para ellas.
El TTIP, al perseguir la liberalización total de los servicios públicos y la apertura de prestación de los mismos a las empresas multinacionales, así como a las compras y licitaciones de bienes y servicios de las Administraciones Públicas, pone en peligro todos los servicios públicos y las compras públicas, en todos los niveles de poder, y compromete la habilidad de los representantes elegidos para administrar libremente sus comunidades locales y promocionar la industria, empleo e iniciativas locales.
De este modo, las leyes del comercio priman sobre cualquier otra consideración social, e ignoran cualquier legislación continental, nacional, regional o local. Las comunidades locales se encuentran dominadas por ajustes estructurales restrictivos debidos a los acuerdos y las políticas de libre comercio y de protección del inversor. Esta lógica desmantela los servicios públicos y suprime la libertad de los poderes locales para suministrar estos servicios y satisfacer las necesidades sociales, atendiendo a políticas y planes de desarrollo industrial y de fomento de la industria y empleo locales.
Las ciudades y los municipios europeos reconocen la importancia del comercio de mercancías y de servicios para el bienestar de la ciudadanía. Sin embargo, la competitividad y el desarrollo económico no deberían ser los únicos criterios para determinar acuerdos comerciales tales como el TTIP. Asimismo, los aspectos ecológicos y sociales tienen que ser considerados en cualquier negociación comercial bilateral. También es importante que se realice un análisis comparativo sobre los costes que se generarían en estos ámbitos con la aplicación del tratado respecto a las supuestas ventajas que reportaría. Este análisis no solo debe implicar sus efectos económicos potenciales, sino también los impactos que el TTIP podría tener en ámbitos como el social, el económico, el sanitario, el cultural y el medioambiental, tanto en la UE como en los EEUU.
Las Administraciones Locales deben estar cerca de las necesidades de sus pueblos, tienen, por ello, el deber de injerencia respecto a lo que trama el TTIP, y un deber de respuesta, si no quieren verse acusadas de no ayudar a la población en decisiones tan importantes que quieren hacerse sin debate y de espaldas a la ciudadanía.
Por todo esto, pedimos al pleno del ayuntamiento que se oponga al Tratado de Libre Comercio de la UE y EEUU y que se posicione en la defensa de los servicios públicos, básicos para la solidaridad y la redistribución social. Asimismo, pedimos que el pleno solicite al Ministerio de Administraciones Públicas que apoye todas las iniciativas dirigidas a mantener el carácter público de los llamados servicios sociales útiles. Por último, solicitamos al pleno que pida el Ministerio de Economía que suspenda las negociaciones del TTIP y otros acuerdos comerciales similares y que se eleve este acuerdo a los órganos de la Unión Europea donde se están desarrollando estas opacas negociaciones.
