Una vez concluida la obra, los arquitectos y la empresa Tarancón pidieron 139.000 euros más en concepto de liquidación, cantidad que los servicios técnicos del ayuntamiento rechazaron con un informe demoledor
Los arquitectos rebajaron esa cantidad a 20.600 euros, pero la empresa denunció al Ayuntamiento. Una tercera medición baja la cifra a -38.000 euros, es decir, con saldo favorable al Consistorio
La puesta en valor del entorno natural de la ladera sur del Cerro del Castillo y el edificio polivalente que se ha levantado en la zona, están siendo foco de numerosas irregularidades por la incapacidad de fiscalización y gestión del equipo de gobierno del Partido Popular.
Para ellos, la gestión de un servicio municipal o la adjudicación de una obra si ascienden a más de 100.000 euros les supone realizar un concurso y olvidarse. Así ha ocurrido en las incontables meteduras de pata y encarecimientos en las obras que ha llevado a cabo este Ayuntamiento. Todas las constructoras tienen muy claro que una adjudicación en Yecla siempre llevará un aumento de al menos el 20% de la presupuestado mediante la fórmula de modificación de contrato.
En el caso que nos ocupa, el proyecto de “Edificio para centro polivalente y puesta en Valor del entorno natural de la ladera sur del cerro del Castillo” se adjudicó por un valor de 2.004.936,92 euros, pero desde entonces la ejecución de la obra ha sido nefasta.
Anteriormente ya fueron puestos de manifiesto los desperfectos en las maderas utilizadas así como el cambio del tipo y clase de maderas a utilizar en los caminos y pasarelas del entorno. Hoy queremos poner luz sobre los certificados finales de obras y los diversos pleitos que el ayuntamiento tiene con la empresa adjudicataria: Tarancón Infraestructuras de Orihuela.
Pero expliquemos la situación:
El 28 de enero de 2013, la empresa concluye las obras encargadas por el Ayuntamiento, y se reconoce que se han ejecutado de acuerdo con el proyecto aprobado y por las instrucciones dadas por la dirección facultativa de la obra ganadores del concurso: los arquitectos malagueños, Bordallo y Carrasco.
El 4 de abril se presenta el certificado final de obra nº 12 y liquidación, es decir las últimas mediciones para ver si han ejecutado unidades de obra de más. El valor final de esta liquidación asciende a 138.858,93 euros a entregar a Tarancón y a los arquitectos.
Los servicios técnicos del Ayuntamiento presentan el 12 de julio un informe demoledor donde cuestionan esta liquidación, incluso evidenciando falta de obras y mediciones infladas. Para que sirva de ejemplo: se pretende que se pague 1.204 metros cuadrados de más de los realmente existentes: Un 26% más – lo medido real asciende a 4.711 y lo que pide la empresa se eleva a 5.915m2. A su vez, se presenta un gasto de zahorra por 1700 metros cuadrados y en la medición posterior únicamente se contabilizan 434, es decir, casi un 400% menos de lo inventado, entre otras muchas irregularidades.
Los arquitectos, contestan rápidamente que todo se debía a un error y que la cantidad final de la liquidación se queda en 20.645,85 euros. Que había sido un problema de correos electrónicos. Es decir, por el camino entre un correo y otro se caen 118.200 euros. Sin embargo, la empresa contratista no está de acuerdo con esta segunda liquidación aportada por los arquitectos y demanda al ayuntamiento por impago de la primera liquidación.
Para seguir con el culebrón, el ayuntamiento insta a todas las partes a reunirse a finales de julio para aclarar las diferencias. Sorprendentemente, de estas nuevas mediciones resulta que el resultado de la liquidación es de -38.000 euros, es decir una diferencia con el primero de 177.000 euros a favor del ayuntamiento.
Además, sabemos de una nueva medición que todavía va a arrojar más irregularidades en la ejecución y dirección de la obra, pero de la que todavía no tenemos documentación efectiva.
En definitiva, estas cuestiones han generado tres procedimientos en los juzgados de lo contencioso administrativo en los que el ayuntamiento aparece como demandado por la empresa Tarancón. Con el consiguiente gasto en abogado procurador.
La mala gestión del equipo de gobierno por no fiscalizar y seguir las obras adecuadamente, la mala praxis observada por la dirección facultativa con este baile de cifras y el descontrol sobre los datos ofrecidos, que por lo menos invita a pensar que algo sospechoso está sucediendo, junto con la posición agresiva de la empresa contratista interponiendo diversas demandas contra el ayuntamiento nos obliga a hacer público todo este caso.
A su vez, requerimos al alcalde de Yecla a que pida un informe a los servicios jurídicos para estudiar la posibilidad de demandar a la dirección facultativa de la obra del Yecla Valora por negligencias y dejación de funciones, así como para aclarar las divergencias en las distintas mediciones. A su vez, pedimos a Marcos Ortuño que explique a la ciudadanía por qué no ha cumplido con las labores de fiscalización y control durante el proceso y recepción de la obra, así como en las diferentes certificaciones que la empresa contratista y los arquitectos de la dirección facultativa han emitido.
